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El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, encabezó este viernes una reunión con un grupo de funcionarios, legisladores y concejales para evaluar el anteproyecto de ley de estatización del servicio de transporte urbano de pasajeros, que es impulsado por concejales que responden al Gobierno provincial.
Durante la audiencia, que tuvo lugar en la sede de la Intendencia, ubicada en 9 de Julio y Lavalle, los presentes llegaron a la conclusión de que dicha iniciativa va a contramano de la Constitución Provincial y vulnera facultades que son exclusivas del municipio de la Capital.
Las autoridades firmaron un documento en el que expresaron su preocupación por el anteproyecto que pretende que el Estado provincial se haga cargo del servicio de ómnibus urbano de San Miguel de Tucumán.
En el texto, advirtieron que eso va en contra de lo establecido por la Constitución Provincial en su artículo 134, que establece como “atribución y función del municipio el transporte urbano público y privado de pasajeros”.
Agregaron que la iniciativa de la Casa de Gobierno también viola el artículo 132 de la Carta Magna, que enuncia que “la Provincia no podrá vulnerar la autonomía que por esta Constitución se consagra, ni limitar las potestades que para asegurar la misma se confieren”.
Los referentes del alfarismo manifestaron su sorpresa con el artículo 3° del polémico anteproyecto, el cual, según explicaron, establece que “el Área Urbana de Transporte Público de Pasajeros de la Provincia abarque exclusivamente al municipio de San Miguel de Tucumán”.
En este punto, advirtieron que la iniciativa esconde fines políticos. “¿O sea que, en el resto de las localidades de Tucumán, incluso aquellas ciudades que conforman el Área Metropolitana, están excluidas porque el transporte público de pasajeros funciona a la perfección?”, inquirieron.
Y agregaron que, en ese sentido, “claramente se está en la intención de regular por vía de un poder extraño atribuciones que le son propios por Constitución Provincial al Municipio de San Miguel de Tucumán”.
Por otro lado, plantearon que se busca agregar una repartición más a la enorme estructura burocrática provincial. “En efecto, el único cambio de relevancia es la creación de una nueva sociedad estatal con estructuras de personal y presupuesto propios, superponiéndose a las reparticiones provinciales y municipales existentes, lo que llevará a incrementar aún más el gasto público y, por consiguiente, la presión fiscal que demandará sostener económicamente esa estructura”, argumentaron.
Además, señalaron que “lo más curioso es que esta sociedad pública no prestará por sí misma ningún servicio de transporte, sino a través de subconcesiones con las mismas empresas y los mismos empresarios que hoy brindan un servicio de baja calidad”.
En otro tramo del documento, Alfaro y las demás autoridades de la Capital señalaron que “con esto (Osvaldo) Jaldo superará a (Juan) Manzur en el desprecio y avasallamiento institucional de nuestra provincia, en menosprecio al régimen republicano y al Estado de Derecho que establecen nuestro sistema jurídico”.
A continuación, advirtieron que, de avanzar el anteproyecto, adoptarán las medidas necesarias “para preservar la vigencia plena de los derechos y potestades atribuidos por la Constitución Nacional y la Provincial a San Miguel de Tucumán, acudiendo, llegado el caso, a las acciones judiciales pertinentes”. (La Gaceta)
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