A la espera de que la Justicia se expida definitivamente y ante la inminencia de que caduque la norma de protección, la Legislatura se apresta a prorrogar por cuarta vez la ley que suspende los procesos judiciales y los secuestros prendarios a adjudicatarios de planes de ahorro que sufrieron subas en las cuotas a causa la fuerte inflación de años anteriores. El tema que afectaría a unos 20.000 usuarios cuenta con dictamen de la comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, y sería incluido en el orden del día de la próxima sesión.
La iniciativa que promueve que se prorrogue la vigencia de la Ley 9.405 -y sus actualizaciones- fue presentada por el legislador Tomás Cobos (bloque Justicialista), tras una solicitud de la Defensoría del Pueblo que encabeza su padre, Eduardo Cobos. El comité que preside Gabriel Yedlin y que integran Gerónimo Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa, José Cano, Alfredo Toscano y Hugo Ledesma dio luz verde a la requisitoria para extender la proyección por un año más. “Es una situación de mucha dificultad que tienen miles de tucumanos vinculados a planes de ahorro en la compra de automóviles”, dijo el ex ministro.
El dictamen prorroga la vigencia de la norma hasta el 31 de diciembre de 2025 (la ley vence el último día de este año). En el proyecto, en tanto, Cobos (h) argumentó que muchos de los usuarios y organizaciones de defensa de los derechos de los ahorristas han expresado su preocupación por la proximidad de la fecha del fin de la protección de la norma vigente. “Corresponde darles tranquilidad y proteger sus derechos, al menos hasta que la Justicia se expida definitivamente”, se plasmó en el texto, que fue acompañado por los oficialistas Carlos Funez, Roque Argañaraz, José Orellana, Carlos Gómez y Sara Assan.
En los fundamentos, el parlamentario por la sección Este hizo un repaso de lo ocurrido con los adjudicatarios de los planes de ahorro. Indicó que en 2019 “se vieron perjudicados por las exorbitantes subas en el precio de las cuotas”, por lo que luego se amplió la protección para quienes contrataron sus planes hasta el 30 de junio del 2022.
En el año 2019, durante la gestión de Fernando Said Juri Debo como ombudsman, la Defensoría del Pueblo inició una presentación colectiva ante la Justicia con el argumento del “aumento exorbitante de las cuotas y la imposibilidad de los adherentes de pagarlas”. Se señaló entonces que al momento de la contratación los pagos representaban alrededor del 20% de los ingresos de los usuarios, pero que la cuota creció y pasó a representar hasta el 70%.
El caso se halla actualmente en manos de la Corte Suprema de la Nación y hay un amparo vigente. Sin embargo, el legislador dijo que la Ley 9.405 brinda protección ampliada a otro universo de ahorristas que no pueden ser dejados de lado. “El conflicto está muy lejos de terminar: la causa sigue a la espera del ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los planes de ahorro de 84 cuotas están finalizando, por lo que las empresas pretenden cobrar diferencias a los ahorristas surgidas a del aplicación de la medida cautelar, aun cuando se espera que la justicia falle definitivamente”, expuso.
Cobos señaló también que la situación de los usuarios se complicó entre 2023 y 2024, por la devaluación del peso y el incremento de la inflación. “Aumentó aún mucho más el valor de las cuotas. Además, por decisión de la Justicia, se cerraron algunas de las cuentas judiciales donde los ahorristas podían depositar el valor de las cuotas, debiendo hoy depender de la emisión de cupones y buena fe de ciertas empresas”, planteó.
Por último, en los fundamentos se señaló que la Ley 9.708, que fue promulgada y publicada en octubre de 2023, está sin vigencia plena por falta de reglamentación. Dicha norma establece que las concesionarias que comercialicen planes de ahorro de vehículos automotores deben exhibir carcelería en sus locales aclarando ciertos aspectos sobre la mecánica de dichos planes, evitando posibles confusiones al momento de realizar la contratación. Por ejemplo, que las cuotas no son fijas y que se actualizan conforme se modifica el valor del vehículo o que si se deja de abonar el plan la devolución de lo pagado no será total sino parcial.
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