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En una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán aprobó por unanimidad –tras una serie de modificaciones- el proyecto de adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la Ley 27.742 aprobada por el Congreso de la Nación en el marco de la llamada Ley Bases del presidente Javier Milei.
El proyecto inicial presentado ante el Poder Legislativo por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, proponía brindar incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para atraer inversiones superiores a U$S 200 millones.
Tras el debate en la Legislatura, se aprobó que esos beneficios se extiendan por un plazo de ocho años prorrogables por otros ocho años más, siempre que los inversores demuestren que se realizaron efectivas inversiones en nuestra provincia y empleando mano de obra tucumana.
Así, Tucumán ofrecería beneficios fiscales y abriría las puertas a inversiones de más de doscientos millones de dólares en materia de forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y gas.
La derogación no fue aprobada y fue retirada del proyecto, por lo que la Ley que prohíbe la minería a cielo abierto en Tucumán sigue vigente, aunque se habilita la exploración sujeta a leyes ambientales vigentes.
En la antesala de la sesión hubo manifestaciones de organizaciones ambientalistas en las afueras del edificio del Poder Legislativo de Tucumán.
Ante las críticas a la derogación de la ley que impide la megaminería en Tucumán, se consensuó con la oposición que el nuevo artículo establezca que “con la presente ley se habilita la exploración minera, quedando la posterior exploración de la actividad sujeta a las disposiciones de las leyes ambientales vigentes, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, evaluará la viabilidad de los proyectos”.
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