El Concejo Deliberante de la capital aprobó el jueves una suba de boleto del transporte público, que fue fijado en $950. Sin embargo, tras votar en contra del proyecto, los ediles radicales José María Canelada y Gustavo Cobos solicitaron a la intendenta Rossana Chahla que ejerza su poder de veto para evitar que se concrete el aumento.
"No le estamos pidiendo más que coherencia. La intendenta dijo públicamente que en estas condiciones no se podía aumentar el boleto urbano. El servicio sigue siendo pésimo, no cambió. Como autoridad ejecutiva de esta ciudad, tiene la última herramienta para evitar el aumento del boleto. Con ese acto, le decimos que le demuestre a los vecinos de la capital que se para del lado del pasajero y no de los empresarios", afirmaron.
En ese sentido, Canelada planteó por qué votaron en contra del aumento. "No es razonable. Votamos en contra como también lo hicimos en febrero porque consideramos que no es justo subir el precio de un servicio que tiene mala frecuencia, donde los colectivos están rotos, donde se pasa calor en verano y frío en invierno. En las últimas semanas hemos visto colectivos estrellarse contra casas, prenderse fuego, perder la dirección, perder una rueda. Incluso una pasajera se lastimó con un asiento y tuvo que salir corriendo a ponerse la antitetánica. En febrero, se dio un aumento del 200% del boleto y nada mejoró. ¿Por qué ahora tendríamos que creer a los empresarios que con un aumento que con un 40%, sí van a mejorar las unidades?", advirtió.
Por su parte, Cobos señaló que los empresarios y el municipio llevaron al Concejo a discutir la suba del boleto sin debatir la calidad del servicio. A su vez, plantó que los pasajeros "otra vez fueron testigos sin voz". "Por eso, además, vamos a presentar la incorporación de las audiencias públicas de manera obligatoria cada vez que se presenté un pedido de aumento del boleto, así como pasa en cualquier otro servicio público, para que los empresarios y las autoridades escuchen a quienes viajan. Y a la intendenta, además de solicitarle el veto, le recordamos que tiene la responsabilidad de trazar la hoja de ruta para salir de esta crisis. Si no, cada cuatro o seis meses, volvemos a discutir lo mismo y no salimos más de esta rueda".
Por último, los ediles señalaron que solicitaron en sesión que se trate el proyecto que presentaron para declarar la emergencia en transporte, que faltaban datos en el estudio de costos presentado por los empresarios, que el municipio "se lavó las manos a la hora de tener que dar una opinión" y que se debe avanzar urgente en dejar de subsidiar a las empresas. "Vamos a seguir insistiendo para que el dinero público, que es de todos, vaya a subsidiar la oferta, a los pasajeros, y no al bolsillo de los empresarios. Necesitamos un servicio transparente y digno".
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