Los legisladores Silvia Elías de Pérez, José Seleme y Manuel Courel (Valores para Tucumán - UCR) solicitaron mediante nota escrita al gobernador Osvaldo Jaldo que vete los cambios de la ley N°6238 (Orgánica del Poder Judicial) que otorga nuevas facultades a los ayudantes fiscales que –denuncian- "son designados a dedo, sin exigencia de idoneidad", que fuera aprobada por unanimidad con disidencias en particular por la Legislatura de Tucumán el pasado 14 de mayo.
Los parlamentarios opositores denuncian que la misma amplía las prerrogativas de auxiliares fiscales, equiparándolos a los fiscales pero sin la aprobación del Consejo Asesor de la Magistratura, y que la normativa busca "eludir la manda constitucional y dotar de mayor poder" al ministro Edmundo Pirincho Jiménez.
"La grandísima diferencia entre los Auxiliares de Fiscales y los Fiscales es que estos últimos son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura luego de haber atravesado y superado con éxito el proceso de selección realizado por el Consejo Asesor de la Magistratura, mientras que los primeros son designados a dedo por el Ministro Fiscal, sin ninguna exigencia de idoneidad", señalaron Elías de Pérez, Seleme y Courel.
En ese sentido, plantearon que "la ley aprobada fue diseñada lisa y llanamente para eludir la manda constitucional y dotar de mayor poder al Ministro Edmundo Jiménez quien designa arbitrariamente a funcionarios equiparables a Fiscales, generando una gravedad institucional inusitada".
Elías de Pérez, Seleme y Courel advirtieron: “Esta reforma pone en jaque todo el sistema de designación de magistrados y funcionarios diseñado por la Constitución Provincial a efectos de dotar de eficiencia, idoneidad, independencia e imparcialidad a la Justicia. La figura de los Auxiliares de Fiscales viene siendo cuestionada y tildada de inconstitucional por distintos actores de la sociedad, desde su creación y que pese a todos los reparos planteados, año a año se han ido ampliando sus funciones hasta llegar al nivel de delegación total que pretende esta norma”.
"La norma cuestionada, importa un verdadero cheque en blanco para la actuación de funcionarios cuya idoneidad e independencia no se encuentra acreditada con el agravante que su actuación se realizará en procesos penales con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales de los imputados y de los calificados intereses que tiene la sociedad en la persecución de los delitos", enfatizaron los legisladores.
En ese sentido, los legisladores radicales subrayaron que "la institución de un funcionario en los procesos penales que no ha sido designado de conformidad a los procedimientos fijados en la Constitución restringe de manera terminal las garantías del debido proceso y del juez natural, fulminando la independencia del Poder Judicial, principio de jerarquía superior que protege el agravado proceso de designación que regula la Carta Magna".
"Por todo lo expuesto, le requerimos que proceda a vetar de manera inmediata la modificación introducida en el artículo 94 de la Ley N° 6238, haciendo expresa mención que de lo contrario acudiremos a la justicia en busca de su declaración de inconstitucionalidad", afirmaron Elías de Pérez, Courel y Seleme.
Tras su tratamiento y aprobación, la Ley todavía debe ser promulgada por el gobernador Jaldo y luego publicada en el Boletín Oficial para su puesta en vigencia. Los presidentes de los Colegios de Abogados de la Capital, Rodolfo Gilli, y del Sur, Diego Vals, también plantearon sus cuestionamientos a la las modificaciones avaladas por la Legislatura.
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