Legisladores del bloque oficialista del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de resolución para expresar su "preocupación" ante las amenazas de bomba registradas en las últimas semanas en Tucumán, producto de las cuales se desalojaron a diario distintas escuelas y colegios.
En la iniciativa, además, los representantes de la bancada peronista solicitaron al Poder Ejecutivo (PE) que se "intensifiquen las campañas de concientización" respecto a los perjuicios que generan estas prácticas; y requirieron además que el fuero penal del Poder Judicial "aplique las sanciones correspondientes" a los responsables.
En esa línea, propusieron que se recurra a las resoluciones alternativas previstas en el Código Procesal Penal de Tucumán. De esta manera, los autores de las amenazas de bomba en las escuelas podrían llevar adelante distintas tareas comunitarias, como trabajos de limpieza.
La oleada de intimidaciones a instituciones educativas, que comenzó en marzo y se profundizó en los últimos meses, afecta a establecimientos tanto de la Capital como del interior.
En este marco, se presentó un proyecto de resolución en la Legislatura con las firmas de los oficialistas Mariela Reyes Elías, Carlos Francisco Gómez, Javier Morof y Maia Vanesa Martínez.
En el artículo 1°, los legisladores manifestaron "consternación, preocupación y tristeza por las amenazas de bomba en las instituciones educativas, que alarman a toda la provincia".
"Preocupa la falta total de empatía e irresponsabilidad de los autores de estos actos ante el gran despliegue de recursos del Estado que debe hacerse con cada situación", describieron Reyes Elías y sus pares del Frente de Todos.
Luego, plantearon la necesidad de que los ministerios correspondientes del PE refuercen "las campañas de concientización y educación sobre el uso responsable de los servicios de emergencia, en todas las instituciones educativas de la provincia".
En cuanto a las medidas concretas contra esta práctica, consideraron clave que, "una vez conocidos los autores materiales e intelectuales de las falsas denuncias, sean rápidamente puestos a disposición de la Justicia penal para que sea ella quien aplique las sanciones correspondientes".
A continuación, sugirieron al Poder Judicial que, en el caso de aplicarse los criterios de oportunidad establecidos en el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) y de disponerse la suspensión del juicio a prueba, los responsables lleven adelante "tareas de efectivo cumplimiento en las instituciones públicas afectadas al accionar irresponsable de éstas personas".
"Además, proponemos que este acuerdo se dé a difusión en todos los medios disponibles, como medida disuasoria", señalaron los legisladores del PJ.
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