A pocas horas de que se habilite el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) -que fue diseñado por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán y avalado por su sucesora Silvina Batakis-, el Gobierno designó al funcionario clave que debe llevar adelante la segmentación tarifaria, mientras que las empresas eléctricas y gasíferas siguen a la deriva esperando las instrucciones oficiales para poder atender a la avalancha de usuarios que irán a pedir que les mantengan las facturas bonificadas.
Tras esa confirmación destinada a ratificar el compromiso de reducción del déficit fiscal acordado con el FMI, Batakis --que tiene bajo su órbita al área de Energía—procedió cubrir la vacante que había dejado en la Subsecretaría de Planeamiento Energético la renuncia de Santiago López Osornio, el ex funcionario que estaba alineado con Guzmán.
El elegido es el tucumano Gonzalo Soriano, quien hasta el momento se desempeñada como Gerente de Asuntos Económicos del Ente Regulador de Energía y Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT).
Llega con el apoyo del Jefe de Gabinete, Juan Manzur e integra el grupo de funcionarios tucumanos que aterrizaron en el área energética: Guillermo Usandivaras (subsecretario de Coordinación Institucional) y Santiago Yanotti (vicepresidente de Cammesa).
La resolución de Energía 467 -que reglamentó la operatoria y los alcances de la segmentación tarifaria- puso en manos del subsecretario de Planeamiento tres tareas esenciales: la definición del mecanismo para identificar a los inquilinos como usuarios de los servicios, la puesta en funcionamiento del RASE y la elaboración de los padrones con cada uno de los usuarios que seguirán conservando los subsidios.
En tanto, desde las distribuidoras eléctricas y gasíferas salieron a advertir que aún persisten varias cuestiones operativas de la segmentación tarifaria que todavía no han sido aclaradas.
Según el decreto 332 y la resolución 467 de la Secretaría de Energía, las prestadoras de los servicios de energía eléctrica y gas deberán ponerse a las ordenes de la Subsecretaría de Planeamiento y de los entes reguladores para recabar toda la información de los usuarios que les sea requerida para el armado y procesamiento del RASE.
Además, las distribuidoras y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) –que preside la camporista Fernanda Raverta– tendrán que habilitar sus oficinas para la atención presencial de los usuarios y para facilitar la carga informática de los datos requeridos por el RASE de aquellas personas que no tengan acceso a la tecnología digital.
A menos que haya cambios de último momento, el esquema de segmentación que dejó armado Guzmán establece que todos los usuarios -incluidos los que ya tienen un régimen de tarifa social o son beneficiarios de planes sociales- tendrán que inscribirse en el RASE para no poder los subsidios.
Si se descuenta que el 10% de las clientelas residenciales de mayores ingresos van a pasar a pagar directamente las tarifas plenas, los números en juego indican que estarían en condiciones de inscribirse en el RASE alrededor de 6,5 millones de usuarios hogareños del servicio de gas y algo más de 10 millones de usuarios del servicio eléctrico.
Para tratar de reducir los innumerables problemas operativos que ven venir ante semejante volumen de datos que se tienen que cargar, las dos entidades que agrupan las distribuidoras eléctricas (ADEERA) y gasíferas (Adigas) solicitaron a los funcionarios de Economía y Energía que implementen tres cambios significativos antes de largar a la calle el RASE.
En primer lugar, que se modifique la reglamentación y se incorporen directamente al RASE a todos los usuarios que ya están identificados como beneficiarios de planes sociales y a los jubilados y pensionados que reciben los haberes mínimos. De esa manera, se evitaría que tengan que hacer la declaración digital o que tengan que acudir a las sucursales a realizar el trámite de forma presencial.
En segundo lugar, que se las exima de atender a todos los usuarios que están recibiendo sus facturas por vía digital y tienen un canal informático que les permite ingresar directamente al RASE. Con esta dispensa, las empresas estiman que entre el 35% y 40% de los clientes residenciales, que optaron por recibir sus facturas por internet en lugar de las boletas impresas, no tendrían que concurrir a sus oficinas para tramitar la extensión de los subsidios.
Por último, que se amplíe el plazo límite de 30 días que se fijó inicialmente para que los usuarios puedan solicitar el mantenimiento de los subsidios. Consideran que es un tiempo muy acotado para la masiva inscripción que se espera y que, de no extenderse 30 o 60 días más, una gran cantidad de usuarios de sectores medios y bajos que se retrasen con el trámite podrían pasar a pagar las tarifas plenas con aumentos promedio del 200%.
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