Cruces y denuncia judicial del jaldismo por una entrega de subsidios durante la veda


El jaldismo no frena su campaña "antimanzurista" y ahora fue a la justicia federal a denunciar la entrega de subsidios en efectivo en plena veda electoral en la comuna de La Florida.

El abogado de Todos por Tucumán denunció, entre otros, al gobernador Juan Manzur por presunta "inducción con engaño".

Eduardo Alberto Moussa, apoderado de la lista "Todos por Tucumán", que encabeza, como precandidato a diputado, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, denunció penalmente al gobernador Manzur, al comisionado comunal de esa localidad del este tucumano, Arturo Soria, y al interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz, por la presunta violación del artículo 140 del Código Electoral Nacional -inducción con engaño-, que prevé: "una pena de prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".

En las redes sociales se exhibieron este viernes imágenes que muestran a una fila de personas que superaba las cinco cuadras, en busca de subsidio, por única vez, de $ 5.000, a dos días de las PASO.

La denuncia está en poder del fiscal Federal N° 1, con competencia electoral, Carlos Brito.

Tras la polémica, el gobierno emitió un comunicado oficial: "El otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría General de la Gobernación tiene carácter habitual y permanente, durante todos los meses del año, en razón de tratarse de una prestación pública de carácter asistencial, orientado al logro de metas sociales, para cubrir necesidades básica y urgentes, implementadas a partir del pedido de los interesados".

"El otorgamiento de los subsidios tiene fundamentos normativos, porque viene de un decreto del año 2000, con sus modificaciones", cerró.

El delegado de La Florida, Arturo “Chicho” Soria, explicó que la Caja Popular de Ahorros era el organismo que hacía efectivo el desembolso, no sólo para pobladores de esa jurisdicción, sino también de las comunas aledañas del Este tucumano gestionadas por delegados manzuristas. Además, argumentó que era una medida frente a la situación de “pobreza” de las familias.

El delegado señaló que "hicimos un lista de beneficiarios, quienes debían presentar copia del DNI y un certificado de pobreza".

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