En el marco de un nuevo plenario de comisiones que se desarrolló en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos logró emitir un dictamen favorable a un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5 por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.
Tras 3 horas de tratamiento en forma presencial y virtual, el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo logró 28 firmas en la Comisión de Presupuesto y 21 firmas en la Comisión de Energía, que conducen los oficialistas Omar Félix y Carlos Heller.
El dictamen que obtuvo la mayoría, aunque no tuvo el acompañamiento de Juntos por el Cambio, se basa en el proyecto presentado por Félix y Marcos Cleri (FdT) y busca reemplazar la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación fue prorrogada hasta el 12 de julio.
El diputado tucumano Pablo Yedlin, celebró el dictamen a través de su cuenta de twitter. "Es una norma que para la industria sucro-alcoholera de Tucumán es fundamental", publicó.
Al cerrar el debate, el diputado Cleri anunció que el Frente de Todos “va a hacerle una serie de modificaciones al proyecto que establece el marco regulatorio para los biocombustibles”.En ese punto, señaló: “Vamos a incorporar en el artículo 14, por pedido de los diputados de San Luis y de La Pampa, para tener una redacción de mayor claridad y una visión mas general”, según consignó el portal Parlamentario.com.
El dictamen de mayoría tiene como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.
En ese sentido, el proyecto establece que se reducirá del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel. En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.
Otro punto del proyecto que genera debate es el artículo que establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.
Otro punto del proyecto está vinculado con la sustitución de importación, al establecer que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo con el “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.
En ese punto fija que “las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión” y que sino lo hacen pueden ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
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