La iniciativa apunta a suspender por 180 días el "inicio y/o prosecución de juicios o procesos judiciales ya iniciados de secuestros prendarios y/o ejecuciones prendarias, con alcances a todos aquellos ahorristas con domicilio en Tucumán".
La medida está circunscripta a quienes "suscribieron sus planes de ahorro en la provincia y con anterioridad al 30 de septiembre de 2019", y que en la actualidad "se ese encuentren en situación de decaimiento de planes, o de falta de pago de cuotas".
La propuesta surgió a partir de un informe elevado por el defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, a un grupo de representantes alineados al vicegobernador Osvaldo Jaldo., en el cual aludía a "la situación producida con los suscriptores/ahorristas de planes de ahorro para fines determinados, contratados con distintas sociedades administradoras que comercializan sus productos a través de concesionarias de automóviles en la provincia".
El texto fue oficializado con las firmas de Tulio Caponio, Gonzalo Monteros y Daniel Deiana, entre otros referentes jaldistas.
En los fundamentos, los legisladores remarcaron que el informe del ombudsman "da cuenta de la grave situación por la que están atravesando los suscriptores/ahorristas de 'planes de ahorro para fines determinados'", por lo que "recomienda" la sanción de la normativa propuesta. (La Gaceta)
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